Propuesta de la Contraloría Electoral Ciudadana (CEC) para la fiscalización del financiamiento a los Partidos Políticos

Resumen

Como organizaciones diseñadas para canalizar y centralizar la administración de recursos políticos y económicos, los partidos políticos se han mantenido como poderosos actores en los sistemas democráticos contemporáneos. En México, este enorme poder que detentan los partidos ha derivado en décadas de reformas y cambios institucionales para la regulación de sus facultades y limitaciones. Luego de que el financiamiento público a los partidos se elevara a rango constitucional en 1996, la fiscalización y transparencia de recursos ha sido una de las principales tendencias en el estudio sobre el funcionamiento del sistema electoral de nuestro país. Si bien desde su creación como ente autónomo esencial el actual Instituto Nacional Electoral (INE) ha representado un gran avance en materia de gestión electoral y autonomía institucional, este órgano no contempla las atribuciones y capacidades suficientes para monitorear y auditar eficazmente el financiamiento que circula hacia y desde los partidos políticos.

Por medio de una revisión de la actual estructura jurídica del sistema electoral mexicano, tanto de los órganos que lo componen como de sus facultades, este artículo encuentra necesaria la creación de un organismo autónomo con autoridad para regular el control general de las finanzas de los partidos, por lo que, además, se propone la creación de la figura de un Contralor Electoral Ciudadano (CEC) que sustituya la actual Unidad Técnica de Fiscalización dependiente del Consejo General del INE. La pertinencia de esta investigación radica en un enfoque poco convencional sobre la socialización e institucionalización de la gestión de la actividad económica de los fondos públicos y privados de los partidos políticos.

Se concluye que, si bien resulta indispensable garantizar una mayor eficacia en la regulación fiscal de los partidos, la implementación y fortalecimiento de nuevas figuras jurídicas en el proceso de institucionalización y transparencia esta sujeta de la comprensión y respaldo de todos los sectores e instituciones a nivel nacional y local. Este apoyo generalizado debe ir acompañado de la adopción de una perspectiva promotora de la autonomía de las instituciones y su imperante tarea de rendición de cuentas a la ciudadanía.