La corresponsabilidad de los ciudadanos mexicanos en la prevención, solución de conflictos y protección ambiental

Resumen

En México, las dependencias federales, sus entidades federativas y particularmente sus
municipios, deben cumplir el mandato constitucional de garantizar el derecho a un medio
ambiente sano a la población de su territorio, lo cual únicamente puede lograrse a través, no
solo de la planeación de políticas públicas ambientales enfocadas en una tutela integral del
derecho humano en mención, sino en la oportuna implementación y eficacia de las mismas, a
partir de ejercicios de gobernanza que consideren las problemáticas ambientales de las
comunidades que no han sido atendidas de manera histórica, lo cual ha repercutido en la falta
de protección del equilibrio ecológico efectivo, indispensable para el bienestar y desarrollo de
las poblaciones. En este sentido, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y
el Caribe, que entró en vigor el 22 de abril de 2021, resulta la guía vinculante ideal para que
el Estado Mexicano impulse la participación pública en los asuntos ambientales de nuestro
país, así como para incluir la perspectiva social en las políticas públicas para la prevención de
daños ambientales y así buscar solucionar los conflictos socio ambientales en México.